El parque de viviendas de Jaramillo de la Fuente, compuesto por 124 unidades, es eminentemente rural y de tipología unifamiliar. Gran parte de las construcciones son anteriores a la normativa térmica de 1979, lo que se traduce en muros gruesos de piedra pero con escaso aislamiento en cubiertas. En estos casos, la calificación más habitual oscila entre la E y la G. Sin embargo, muchas viviendas han sido rehabilitadas recientemente. Un inmueble en esta zona climática D1 puede mejorar drásticamente su letra mediante la instalación de ventanas con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, o la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o pellets. En viviendas de obra nueva o rehabilitaciones integrales, es posible alcanzar niveles B o incluso A, lo que aumenta significativamente el valor de mercado de la propiedad en Burgos.
La normativa que regula el certificado energético Jaramillo de la Fuente se basa en el RD 390/2021 a nivel nacional y en las directrices de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado de gestionar el registro es el Ente Regional de la Energía (EREN). Este registro es puramente telemático y obligatorio para que el certificado tenga validez legal. Una vez registrado, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, salvo en casos donde la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica establecen que este documento debe estar a disposición de cualquier interesado en la compra o alquiler desde el mismo momento en que el inmueble se anuncia en portales inmobiliarios.
El incumplimiento de la normativa sobre certificación energética está tipificado como infracción en la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En Jaramillo de la Fuente, las sanciones pueden variar según la gravedad: las leves (300€ a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; las graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o inquilino; y las muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado o actuar sin técnico competente. En una localidad con alta demanda de turismo rural o segundas residencias, la vigilancia administrativa es constante, especialmente en portales como Idealista o Fotocasa, donde la falta de la etiqueta energética es fácilmente detectable por los inspectores de consumo.