El parque de viviendas de Barbadillo del Pez, compuesto por 171 unidades, refleja la arquitectura típica de los núcleos rurales burgaleses. Muchas de estas construcciones son anteriores a la normativa térmica de 1979, lo que suele derivar en calificaciones energéticas E, F o G. Esto se debe principalmente al uso de muros de piedra sin cámara de aire y carpinterías de madera o aluminio sencillo. Sin embargo, las viviendas rehabilitadas o de reciente construcción en la zona pueden alcanzar niveles D o incluso C si han incorporado sistemas modernos de biomasa o aerotermia, muy recomendables en la zona climática D1. Para mejorar la letra en el certificado, las acciones más efectivas en esta localidad suelen ser el trasdosado interior de muros exteriores y la sustitución de vidrios simples por cristales bajo emisivos con rotura de puente térmico.
El marco normativo que regula esta materia es el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal, complementado por la gestión autonómica. En Castilla y León, el órgano competente es el Ente Regional de la Energía (EREN), que gestiona el registro de certificaciones. Es obligatorio registrar el documento para que tenga validez legal y se emita la etiqueta energética oficial. La tasa actual para viviendas unifamiliares o pisos en bloque es de aproximadamente 5 euros, un importe reducido comparado con otras comunidades. La documentación debe ser presentada telemáticamente por el técnico o el propietario, aunque lo habitual es que el profesional se encargue de todo el proceso. Este registro permite a la administración supervisar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización marcados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas por el incumplimiento de la normativa de eficiencia energética. En Barbadillo del Pez, no disponer del certificado vigente al anunciar una vivienda puede acarrear multas que oscilan entre los 300 y los 6.000 euros. Las infracciones leves (de 300 a 600€) incluyen no mencionar la calificación en los anuncios portales inmobiliarios. Las graves (601 a 1.000€) se aplican si se vende o alquila sin entregar el certificado al destinatario. Las muy graves (1.001 a 6.000€) penalizan la falsificación de datos. Además de la multa, el contrato de arrendamiento o compraventa podría ser impugnado por el interesado, generando una inseguridad jurídica innecesaria para el propietario.