San Martín de la Virgen de Moncayo es un núcleo rural con un parque de aproximadamente 187 viviendas, donde predominan las construcciones unifamiliares y casas de pueblo tradicionales. Gran parte de estas edificaciones fueron construidas antes de la normativa térmica de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas E, F o G debido a la falta de aislamiento en envolventes y ventanas de vidrio sencillo. Sin embargo, las viviendas rehabilitadas recientemente o las de obra nueva en la zona suelen alcanzar letras D o C gracias al uso de calderas de biomasa o aerotermia, muy eficientes en esta zona climática D3. Para mejorar la letra en esta localidad, las medidas más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas interiores y la sustitución de carpinterías antiguas por sistemas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que endureció las exigencias para locales y viviendas. En el ámbito autonómico, el Registro de Certificación Energética de Edificios de Aragón, dependiente de la Dirección General de Energía y Minas, es el órgano encargado de custodiar y validar estos certificados. Es fundamental que el certificado esté debidamente inscrito en este registro para que tenga validez legal ante notario o para su publicación en portales inmobiliarios. La etiqueta oficial emitida por el Gobierno de Aragón incluye el número de registro, la fecha de validez y el detalle del consumo de energía primaria no renovable, datos esenciales para cumplir con la transparencia informativa exigida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
No disponer del certificado energético vigente en San Martín de la Virgen de Moncayo puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar la venta de un inmueble sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de 300 a 600 euros. Las graves, como no entregar el certificado original al comprador o arrendatario, pueden ascender hasta los 1.000 euros, mientras que falsear los datos del documento se considera una infracción muy grave con multas de hasta 6.000 euros. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente por falta de información esencial, lo que genera una inseguridad jurídica innecesaria para el propietario.