El parque de viviendas de Cigudosa, compuesto por unas 94 unidades, refleja la arquitectura tradicional de Soria con muros de piedra de gran espesor. La mayoría de las construcciones son anteriores a la normativa térmica de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas situadas entre la E y la G. En la zona climática D3, las viviendas unifamiliares suelen presentar grandes pérdidas de calor si no han sido rehabilitadas. Para mejorar la letra en la etiqueta, las intervenciones más efectivas en esta zona son el trasdosado interior de muros con aislamiento de lana de roca y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos. Una mejora en el sistema de calefacción, como la instalación de calderas de biomasa, puede subir hasta dos niveles la calificación final.
El marco legal principal es el Real Decreto 390/2021, que endurece las exigencias de certificación. En el ámbito autonómico, el registro se gestiona a través del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Tras la inspección al inmueble y la firma del técnico, el certificado debe ser depositado en este registro para que tenga validez legal y se emita la etiqueta energética oficial. Este documento tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años, obligando a una renovación más frecuente para incentivar la mejora del parque edificado.
No disponer del certificado energético para anunciar una vivienda en Cigudosa conlleva sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana. Las infracciones leves, como no mencionar la calificación en portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, pueden suponer multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves o muy graves, como falsear el resultado o vender sin entregar el certificado original al comprador, pueden alcanzar los 6.000€. Además de la multa, la ausencia del CEE puede paralizar la venta en notaría o permitir que el inquilino rescinda el contrato de alquiler por incumplimiento de los requisitos informativos obligatorios.