De acuerdo con el RD 390/2021, solo los técnicos competentes pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros colegiados. Para una vivienda en Quiñonería, lo ideal es contar con un profesional que conozca la arquitectura tradicional de la comarca de Campo de Gómara. El técnico debe realizar una inspección al inmueble obligatoria para tomar medidas de los cerramientos, identificar la composición de los muros (frecuentemente de piedra o mampostería en la zona) y revisar los sistemas de calefacción, que en municipios rurales suelen depender de biomasa, gasóleo o electricidad. La profesionalidad del técnico asegura que las propuestas de mejora para subir de letra sean realistas y rentables para el propietario.
El parque de viviendas de Quiñonería, compuesto por unas 38 unidades, presenta una tipología mayoritariamente de unifamiliares de arquitectura tradicional y algunas rehabilitaciones recientes. Dada la antigüedad media de las construcciones, muchas de ellas previas a la normativa térmica de 1979, la calificación energética típica suele situarse entre las letras E y G. Esto se debe a la falta de aislamiento en fachadas y a ventanas de vidrio sencillo. Al encontrarse en la zona climática D3, la demanda de calefacción es muy elevada. Para mejorar la letra y alcanzar niveles C o D, las recomendaciones más efectivas en la zona incluyen la instalación de sistemas de aerotermia, el trasdosado interior con lana de roca y la sustitución de carpinterías por rotura de puente térmico con vidrios bajo emisivos.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que regula la certificación de eficiencia energética a nivel estatal. En el ámbito autonómico, el órgano encargado de gestionar estos expedientes es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Tras la visita técnica y la elaboración del informe, el técnico procede al registro telemático en la plataforma oficial de la Junta de Castilla y León. Una vez validado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, excepto si la calificación es una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Este documento es el que solicitan los portales inmobiliarios y los notarios para formalizar cualquier operación legal en el municipio.
No disponer del certificado energético en Quiñonería al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado vigente al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información del certificado o actuar como técnico sin serlo.
Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado y el vendedor podría verse obligado a indemnizar al comprador por vicios ocultos relacionados con el gasto energético del inmueble.