Según establece el RD 390/2021, el certificado debe ser suscrito por un técnico competente que posea la titulación académica habilitante. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos colegiados. En el caso de Paderne, trabajar con un profesional que conozca el parque inmobiliario de A Coruña es una ventaja, ya que está familiarizado con las soluciones constructivas típicas de la zona, como los muros de piedra o las carpinterías de aluminio sin rotura de puente térmico habituales en construcciones antiguas.
El técnico tiene la responsabilidad de realizar la inspección al inmueble de forma presencial, verificando orientaciones, sombras, tipos de vidrio y eficiencia de la caldera o sistemas de climatización. La profesionalidad del técnico garantiza no solo la legalidad del documento, sino también que las recomendaciones de mejora sean realistas y útiles para el propietario.
El municipio de Paderne cuenta con un parque de 2084 viviendas, donde predominan las tipologías unifamiliares aisladas y las construcciones tradicionales de carácter rural. Debido a que una gran parte de estas edificaciones fueron construidas antes de la entrada en vigor de normativas térmicas estrictas como el CTE de 2006, la calificación más frecuente en la zona oscila entre las letras E y G.
Las viviendas en Paderne suelen presentar deficiencias en el aislamiento de fachadas y cubiertas. Para mejorar la letra en la etiqueta, las intervenciones más efectivas en esta zona climática C1 incluyen la sustitución de ventanas por modelos con doble acristalamiento y cámara de argón, así como la instalación de sistemas de aerotermia o biomasa, que aprovechan mejor los recursos energéticos que las antiguas calderas de gasoil. Un inmueble de obra nueva en la zona suele alcanzar una calificación A o B gracias a los estándares actuales de construcción sostenible.
En Galicia, la autoridad competente para la gestión de las certificaciones es el Inega (Instituto Enerxético de Galicia), dependiente de la Xunta. El registro es obligatoriamente telemático y requiere la firma digital del técnico competente. El marco legal se apoya en el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal, que amplió la obligatoriedad del certificado a inmuebles de más de 500 m² de uso público o aquellos que deban pasar la ITE.
Una vez registrado el documento, el Inega emite la etiqueta de eficiencia energética, que tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de registro y la etiqueta, ya que serán solicitados por el notario en el momento de la firma de escrituras o por el arrendatario al formalizar el contrato de alquiler.
La carencia del certificado energético en Paderne no es un asunto menor. Según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las sanciones por incumplimiento pueden ser leves, graves o muy graves. Publicitar la venta o alquiler de una vivienda en portales inmobiliarios sin mostrar la etiqueta energética conlleva multas que parten de los 300€.
En casos graves, como vender una propiedad sin entregar el certificado al comprador, la sanción puede ascender hasta los 6.000€. Además de la multa económica, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el receptor, alegando falta de información sobre las características energéticas del inmueble. En un mercado con 2084 viviendas, la transparencia energética es cada vez más valorada por los compradores que buscan minimizar sus facturas de luz y calefacción.
Además del certificado energético, los propietarios en Paderne pueden requerir otros documentos técnicos según la antigüedad de su vivienda. Si el edificio tiene más de 50 años, es probable que deba realizar el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), que en Galicia incluye la inspección técnica de la edificación y el propio certificado energético. Asimismo, para la obtención de cédulas de habitabilidad o licencias de segunda ocupación tras reformas integrales, el CEE actualizado es un documento anexo obligatorio que garantiza que la vivienda cumple con los estándares mínimos de confort y eficiencia exigidos por la administración autonómica.