El parque de viviendas de Monforte de la Sierra, compuesto por unas 117 unidades, se caracteriza por una predominancia de construcciones unifamiliares de arquitectura tradicional serrana. Muchas de estas edificaciones son anteriores a 1980, lo que significa que carecen de aislamientos térmicos modernos en sus envolventes de piedra o mampostería. Por ello, la calificación energética típica en la zona suele situarse entre las letras E y G.
Sin embargo, las rehabilitaciones recientes que han incorporado sistemas de biomasa (muy comunes en el entorno rural de Salamanca) o mejoras en el acristalamiento pueden elevar la nota a una D o C. En esta zona climática D3, las mejoras que más impacto tienen en la etiqueta energética son el trasdosado de muros de piedra con aislante mineral y la sustitución de calderas antiguas por equipos de condensación o aerotermia, permitiendo ahorros de hasta el 40% en la factura de calefacción durante los meses de invierno.
El marco normativo nacional está definido por el RD 390/2021, pero la gestión administrativa recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). El registro es obligatorio para que el certificado tenga plena validez legal ante notaría o en contratos de alquiler. La tasa de registro para una vivienda en Castilla y León está fijada actualmente en 29,10 euros para el año 2024. Una vez registrado, se emite la Etiqueta Energética oficial, que tiene una validez de 10 años, salvo en los casos donde la calificación sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el IDAE supervisan que estos procedimientos aseguren la transparencia en el mercado inmobiliario español.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para los propietarios que omitan el certificado. En Monforte de la Sierra, al ser una zona con atractivo para el turismo rural y las segundas residencias, el control en portales inmobiliarios es frecuente. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler de una vivienda sin mencionar su calificación energética, pueden conllevar multas de 300 a 600 euros. Las infracciones graves, como vender una propiedad sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 1.000 euros, mientras que el falseamiento de datos puede suponer sanciones de hasta 6.000 euros. Además de la multa económica, la ausencia del CEE puede ser motivo de rescisión del contrato de alquiler o paralización de la firma en notaría.