El parque de viviendas en Magaz de Cepeda, compuesto por unas 540 unidades, es predominantemente de tipo unifamiliar rural. Gran parte de estas construcciones son anteriores a la normativa de eficiencia energética de 1979 (NBE-CT-79), lo que suele resultar en calificaciones bajas, generalmente entre las letras E y G. Al estar en la zona climática C1, las viviendas sufren una gran pérdida de calor si no han sido reformadas. Las casas de piedra tradicionales o las de ladrillo sin cámara de aire suelen presentar puentes térmicos significativos. Para mejorar la etiqueta energética en Magaz de Cepeda y subir a una letra D o C, las intervenciones más efectivas suelen ser el insuflado de aislamiento en cámaras, la sustitución de ventanas antiguas por vidrios bajo emisivos con rotura de puente térmico, y la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa.
El marco normativo que regula la eficiencia energética es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Este organismo es el encargado de supervisar el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. Es importante destacar que el certificado tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación obtenida es una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica establecen que toda publicidad de venta o alquiler debe mostrar obligatoriamente la etiqueta energética, so pena de infracción administrativa.
Incumplir la obligación de disponer del certificado energético en Magaz de Cepeda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicitar la venta o alquiler de una vivienda sin mencionar su calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico certificador sin cumplir los requisitos legales.
Dada la creciente digitalización, portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa filtran los anuncios que carecen de etiqueta, lo que dificulta enormemente la comercialización de cualquier propiedad en el municipio.