Según marca la normativa vigente y el RD 390/2021, solo los técnicos competentes pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros de diversas especialidades, todos ellos debidamente colegiados. En Carrizo, es fundamental que el profesional posea experiencia en el clima de la ribera del Órbigo, ya que el conocimiento de los materiales de construcción tradicionales y los sistemas de aislamiento locales permite una calificación más ajustada a la realidad. El técnico tiene la obligación de realizar una inspección al inmueble para verificar elementos críticos como el tipo de cerramientos, las carpinterías, el año de construcción y los sistemas de producción de agua caliente y calefacción.
El parque de viviendas de Carrizo, que suma aproximadamente 1.881 unidades, presenta una tipología mixta. En el casco histórico predominan las construcciones tradicionales de adobe y piedra, mientras que en las zonas de expansión encontramos viviendas unifamiliares y bloques de pisos de finales del siglo XX. Dada la antigüedad media de muchas de estas construcciones, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en muros y a la presencia de calderas de gasoil o carbón antiguas. Para mejorar la nota y alcanzar una D o C, las recomendaciones más efectivas en esta zona climática C1 suelen ser el trasdosado de fachadas con lana mineral y la sustitución de ventanas simples por vidrios bajo emisivos con rotura de puente térmico.
El marco normativo que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, complementado por la normativa de la Junta de Castilla y León. El órgano encargado de gestionar los certificados es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), que gestiona el registro CEREN. Es imperativo que el certificado esté debidamente registrado para que tenga validez legal; un informe firmado por un técnico pero no presentado ante el EREN carece de efectos para una venta o alquiler. La etiqueta energética resultante tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el IDAE subrayan la importancia de este registro para el control estadístico de la eficiencia del parque edificado español.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para proteger a los consumidores. En Carrizo, no disponer de un certificado energético vigente al anunciar una propiedad en portales inmobiliarios puede acarrear multas leves de entre 300 y 600 euros. Si se realiza la venta o el alquiler sin entregar el documento al nuevo propietario o inquilino, la infracción se considera grave, con multas que oscilan entre los 601 y 1.000 euros. Las infracciones muy graves, como falsear el resultado del certificado, pueden llegar hasta los 6.000 euros. Además de la sanción económica, el contrato de compraventa o arrendamiento podría ser impugnado por el adquirente, generando un grave problema legal para el propietario.