El parque de viviendas de Castejón de las Armas, compuesto por unas 141 unidades, refleja la realidad del entorno rural aragonés. La mayoría son viviendas unifamiliares de construcción anterior a 1980, lo que suele traducirse en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Al estar situadas en una zona climática D3, estas viviendas sufren inviernos rigurosos, por lo que la demanda de calefacción es el factor que más penaliza la nota final. Las viviendas rehabilitadas recientemente que han incorporado aislamiento en cubiertas o han sustituido ventanas antiguas por vidrios bajo emisivos pueden alcanzar una letra D. Para mejorar la eficiencia en esta zona, las medidas más efectivas suelen ser la instalación de calderas de biomasa (pellets) y el trasdosado interior de muros de piedra, lo que puede elevar la calificación hasta dos letras en la escala oficial.
La gestión de la eficiencia energética en esta localidad se rige por el marco estatal del RD 390/2021 y la normativa específica del Gobierno de Aragón. El órgano competente encargado de la supervisión es la Dirección General de Energía y Minas, perteneciente al Departamento de Economía, Planificación y Empleo. El registro oficial se realiza a través de la plataforma telemática habilitada por la administración autonómica. Una particularidad relevante es que en Aragón, el certificado tiene una validez de 10 años, excepto cuando la calificación obtenida es una letra G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Este dato es crucial para propietarios que gestionan alquileres de larga duración, ya que deben vigilar la fecha de caducidad para evitar irregularidades en los contratos de arrendamiento.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para evitar el fraude en la certificación energética. En Castejón de las Armas, las infracciones más comunes detectadas en portales inmobiliarios incluyen anunciar la venta o alquiler de la vivienda sin mostrar la etiqueta energética oficial. Las sanciones se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€) por no exhibir la etiqueta; graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear la información del documento. Dada la visibilidad actual de los anuncios en plataformas digitales, el control por parte de la administración se ha intensificado, haciendo que el coste de la multa sea muy superior al precio de contratar un técnico colegiado para realizar el trámite correctamente.