Cantabrana es un municipio con una fisonomía rural consolidada, donde predominan las viviendas unifamiliares de construcción tradicional y algunas rehabilitaciones recientes. Con un parque de unas 130 unidades habitacionales, la edad media de los edificios suele superar los 40 años, lo que implica que muchas construcciones no contaban con las exigencias de aislamiento del CTE de 2007. Por ello, la calificación más frecuente en la zona oscila entre la E y la G.
Para mejorar esta nota y reducir la factura energética, las intervenciones más recomendadas en Cantabrana son el trasdosado de fachadas con aislamiento térmico y la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de biomasa o aerotermia. Estas mejoras no solo suben el valor del inmueble, sino que pueden elevar la calificación a niveles C o D, algo muy valorado por los compradores actuales.
El marco legal que regula este trámite es el RD 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), que es el órgano encargado de supervisar el registro y emitir la etiqueta oficial. Es obligatorio que el registro sea telemático y que el técnico posea firma digital autorizada. Una vez registrado, el certificado tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de registro y la etiqueta, ya que serán solicitados por el notario en el momento de la firma de una compraventa o por el arrendatario al formalizar un alquiler en Cantabrana.
No disponer del certificado energético en Cantabrana al anunciar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se categorizan en:
- Leves (300€ a 600€): Publicar el anuncio de venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar el inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin tener la titulación requerida.
Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el receptor de la vivienda por falta de información esencial, lo que genera una inseguridad jurídica innecesaria que se evita con una gestión profesional.