El parque de viviendas de Borja, compuesto por unas 4.327 unidades, presenta una gran diversidad. En el casco histórico predominan construcciones anteriores a 1980 que suelen obtener calificaciones de tipo E, F o G debido a la ausencia de aislamiento térmico en muros. Por el contrario, las promociones más recientes y las viviendas unifamiliares en zonas de expansión suelen alcanzar letras C o D. Dada la zona climática D3, las mejoras más efectivas en Borja para subir de letra son el trasdosado de fachadas con lana de roca y la sustitución de ventanas antiguas por modelos con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Un inmueble con mejor letra no solo es más fácil de vender, sino que puede suponer un ahorro de hasta el 40% en las facturas de calefacción durante el invierno zaragozano.
Toda certificación en Borja debe cumplir con el marco estatal del Ministerio para la Transición Ecológica y la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón. El órgano encargado de gestionar estos expedientes es la Dirección General de Energía y Minas, dependiente del Gobierno de Aragón. Una vez que el técnico registra el archivo XML generado, la administración verifica los datos y emite la etiqueta energética oficial. Este documento tiene una validez máxima de 10 años, a excepción de las viviendas con calificación G, cuya validez se reduce a 5 años según la normativa vigente. Es fundamental conservar el justificante de registro y la etiqueta, ya que serán solicitados por el notario en cualquier operación de transmisión patrimonial.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado. En Borja, las multas pueden oscilar entre los 300€ y los 6.000€. Las infracciones leves (de 300€ a 600€) incluyen anunciar la venta o alquiler de un piso en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación energética. Las infracciones graves (de 601€ a 1.000€) se aplican si se vende o alquila el inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario. Por último, las infracciones muy graves pueden alcanzar los 6.000€ en casos de falseamiento de datos. Además de la multa económica, la ausencia del CEE puede paralizar una venta en la notaría o dar pie a que el inquilino rescinda el contrato de alquiler.