El municipio de Ólvega cuenta con 2377 viviendas, con una tipología mixta que combina bloques de pisos construidos durante el auge industrial de finales del siglo XX y viviendas unifamiliares. Debido a la zona climática D3, la calificación energética más frecuente en edificios construidos antes del Código Técnico de 2006 oscila entre la E y la G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en fachadas y al uso de calderas de gasóleo o sistemas eléctricos antiguos. Sin embargo, en las nuevas promociones y viviendas rehabilitadas, es común alcanzar letras C o D. Para mejorar la nota en Ólvega, las acciones más efectivas suelen ser el trasdosado interior de muros, el cambio de ventanas por vidrios bajo emisivos y la instalación de sistemas de biomasa, muy eficientes en esta comarca soriana.
La normativa que regula la eficiencia energética en España es el Real Decreto 390/2021, que endureció las exigencias de certificación. En el ámbito autonómico, el órgano competente es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. El registro es telemático y obligatorio. Una vez finalizado el trámite, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que contiene el número de registro necesario para cualquier escritura pública ante notario o contrato de arrendamiento. Los datos se integran en la base de datos oficial del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Es vital que el certificado esté firmado digitalmente por el técnico para asegurar su validez ante las autoridades regionales.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto para proteger a los consumidores. En Ólvega, no disponer del certificado energético vigente al anunciar una vivienda en portales como Idealista o Fotocasa puede acarrear sanciones de 300€ a 600€ (infracciones leves). Si se vende o alquila el inmueble sin entregar el certificado original al nuevo ocupante, la multa puede ascender hasta los 6.000€ en casos graves. Además de la sanción económica, el contrato de compraventa podría ser impugnado por el comprador por incumplimiento de requisitos legales. Dado el carácter industrial y el mercado de alquiler para trabajadores en la zona, la vigilancia administrativa sobre la etiqueta energética ha aumentado significativamente en los últimos años.