El parque de viviendas de Villarrabé, con un total de 238 unidades, se caracteriza por una tipología predominantemente rural de viviendas unifamiliares. Gran parte de estas construcciones son anteriores a la aplicación del Código Técnico de la Edificación de 2006, lo que influye directamente en los resultados. Lo más habitual en la zona es obtener una calificación energética entre las letras E y G, debido principalmente a la falta de aislamiento en fachadas y a ventanas de vidrio sencillo que no frenan el frío característico de la zona D1. Para mejorar la eficiencia en estas propiedades, las recomendaciones técnicas suelen centrarse en la sustitución de antiguas calderas de gasóleo por sistemas de biomasa o aerotermia, y la instalación de doble acristalamiento con rotura de puente térmico, lo que puede elevar la letra del certificado y reducir el gasto en calefacción hasta un 40%.
El marco normativo que regula la eficiencia energética en Villarrabé es el Real Decreto 390/2021. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre la Junta de Castilla y León, a través del Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León (CEREN). Este organismo es el encargado de supervisar que cada CEE Villarrabé presentado cumpla con los estándares de calidad técnica. Una vez registrado el informe técnico, la administración emite la etiqueta energética oficial, que contiene los indicadores de consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono. Este documento es el que deben solicitar los notarios durante la firma de una escritura de compraventa o los agentes inmobiliarios para publicitar una vivienda en alquiler en portales especializados, siguiendo las directrices del IDAE.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto para proteger los derechos de los consumidores en el mercado inmobiliario. No disponer del certificado energético en Villarrabé cuando es obligatorio puede acarrear multas que van desde los 300€ hasta los 6.000€. Las infracciones leves, como anunciar un inmueble sin mencionar su calificación o no renovar un certificado caducado, suelen sancionarse con importes de hasta 600€. Las faltas graves o muy graves, como falsear los datos del certificado o vender una propiedad sin entregar el documento original al comprador, conllevan multas mucho más elevadas. Además de la sanción económica, la ausencia de este documento puede paralizar una venta ante notario o permitir que un inquilino rescinda su contrato de alquiler alegando falta de información sobre la eficiencia del inmueble.