El parque de viviendas en Vecinos cuenta con aproximadamente 215 unidades, donde predominan las construcciones unifamiliares de tipología rural y algunas viviendas de mediados del siglo XX. Debido a su antigüedad y a que muchas fueron construidas antes de la normativa térmica de 1979, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Los inmuebles en la zona climática D3 suelen penalizar en el certificado debido a la falta de aislamiento en muros de piedra o ladrillo antiguo y a sistemas de calefacción poco eficientes como calderas de gasoil o chimeneas abiertas. Sin embargo, aquellas viviendas que han reformado sus ventanas por PVC con rotura de puente térmico o han instalado calderas de biomasa suelen subir su nota hasta una letra D o C, aumentando significativamente su valor de mercado.
Además del marco estatal definido por el RD 390/2021, los certificados en Vecinos deben inscribirse obligatoriamente en el registro oficial gestionado por el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León). Este organismo es el encargado de supervisar la veracidad de los datos y emitir la etiqueta energética definitiva que incluye el código de registro necesario para cualquier contrato de compraventa o alquiler. La tramitación es telemática, pero requiere de firma electrónica profesional. Es importante mencionar que fuentes como el Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE establecen que el certificado tiene una validez máxima de 10 años, salvo en los casos de calificación G, donde la validez se reduce a 5 años, obligando a una renovación más frecuente.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado. En un mercado como el de Vecinos, donde el alquiler residencial y la venta de casas de pueblo son habituales, no disponer de la etiqueta puede acarrear multas de entre 300€ y 6.000€. Las infracciones leves suelen darse por anunciar el inmueble en portales como Idealista o Fotocasa sin mostrar la calificación. Las graves ocurren al vender la propiedad sin entregar el certificado al comprador. Además de la sanción económica, el contrato de arrendamiento podría ser declarado nulo si el inquilino reclama la falta de información sobre el consumo energético de la vivienda, lo que supone un riesgo jurídico innecesario para el propietario.