El parque de viviendas en Valdealgorfa, compuesto por unas 527 unidades, presenta una tipología mixta entre casas de pueblo tradicionales en el casco antiguo y algunas construcciones más recientes. Debido a la antigüedad de gran parte de los edificios, construidos mayoritariamente antes de la entrada en vigor del CTE de 2006, la calificación energética más frecuente oscila entre las letras E y G. Las viviendas unifamiliares con muros de carga de gran espesor suelen presentar una inercia térmica aceptable, pero pierden eficiencia por carpinterías antiguas o falta de aislamiento en cubiertas. Para mejorar la letra en esta zona climática B3-C2, las intervenciones más efectivas suelen ser el cambio de ventanas por vidrios bajo emisivos y la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en el entorno rural aragonés.
La normativa que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, complementado por la gestión autonómica del Registro de Certificación Energética de Edificios de Aragón, dependiente del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito en este registro para que tenga validez legal. Una particularidad ventajosa en la región es la agilidad del sistema telemático y, como se ha mencionado, la ausencia de tasas económicas para el registro de certificados de viviendas existentes. El documento tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años, obligando a una renovación más frecuente para incentivar la mejora de la eficiencia energética en el Bajo Aragón.
No disponer del certificado energético en Valdealgorfa al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar el inmueble sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden alcanzar los 1.000€, mientras que el falseamiento de datos se considera infracción muy grave con multas de hasta 6.000€. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el receptor, generando un problema legal innecesario. Dada la baja inversión que supone el certificado frente al riesgo de sanción, su tramitación es una prioridad para cualquier propietario responsable.