De acuerdo con el RD 390/2021, el certificado de eficiencia energética debe ser realizado por un técnico competente. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales o ingenieros técnicos industriales debidamente colegiados. Para una localidad como Santa María del Arroyo, es vital que el profesional tenga experiencia en el parque inmobiliario de Ávila, conociendo las soluciones constructivas típicas de la zona. El técnico tiene la obligación de realizar una inspección al inmueble presencialmente para tomar medidas, identificar la envolvente térmica (muros y ventanas) y analizar los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. No confíe en servicios que prometen el certificado sin visita, ya que carecen de validez legal y pueden derivar en sanciones administrativas graves.
Santa María del Arroyo cuenta con un parque inmobiliario de 83 unidades, caracterizado por ser un núcleo rural con una tipología predominante de viviendas unifamiliares, muchas de ellas construidas antes de la normativa térmica de 1979. Dada su ubicación en la zona climática D3, donde los inviernos son prolongados y fríos, la mayoría de estas viviendas suelen obtener calificaciones situadas entre las letras E y G. Las principales deficiencias se encuentran en la falta de aislamiento en muros de piedra o ladrillo macizo y en carpinterías antiguas. Para mejorar esta nota y alcanzar una D o C, las recomendaciones técnicas más efectivas en esta zona suelen ser el trasdosado interior de muros con lana de roca y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, aprovechando los recursos locales.
El marco normativo que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, el órgano competente es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. El registro es obligatorio y debe realizarlo el técnico en representación del propietario. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética, que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Toda la documentación se custodia de forma digital, permitiendo a notarios y registradores de la propiedad en Ávila verificar la autenticidad del documento durante los procesos de compraventa.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto para proteger a los consumidores. No disponer de un certificado vigente al anunciar una vivienda en portales como Idealista o Fotocasa puede acarrear multas que oscilan entre los 300€ y los 6.000€. En Santa María del Arroyo, aunque sea un mercado pequeño, el control administrativo se ha intensificado, especialmente en las inspecciones de contratos de alquiler. Las infracciones leves (de 300 a 600€) suelen darse por no mencionar la calificación en el anuncio, mientras que las graves (de 601 a 1.000€) ocurren cuando se vende o alquila el inmueble sin entregar el certificado original al nuevo usuario. Evite riesgos legales y asegure su transacción con un trámite profesional y económico.