El parque de viviendas de San Pedro de Gaíllos, compuesto por unas 400 unidades, presenta una tipología predominantemente rural con un gran número de viviendas unifamiliares de construcción tradicional. Muchas de estas propiedades fueron edificadas antes de la normativa térmica de 1979, por lo que es habitual encontrar calificaciones de tipo E, F o G debido a la falta de aislamiento en muros de piedra o ladrillo antiguo. Sin embargo, las viviendas rehabilitadas recientemente o de nueva construcción en el núcleo urbano suelen alcanzar niveles C o D. Para mejorar la letra en esta zona climática D3, las medidas más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislamiento térmico y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo.
El marco legal que regula este trámite es el RD 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, el registro de certificados de eficiencia energética en Castilla y León es gestionado por el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. La tramitación es telemática y requiere el pago de una tasa administrativa que, para viviendas individuales, se sitúa en 29,10 euros. Una vez completado el registro, la administración emite la etiqueta energética oficial, que muestra el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2 del inmueble. Este documento es indispensable para formalizar cualquier contrato de compraventa ante notario en Segovia.
Vender o alquilar una vivienda en San Pedro de Gaíllos sin disponer del certificado energético vigente puede acarrear graves consecuencias legales según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Publicar anuncios en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
Además de la multa, el contrato de arrendamiento o compraventa podría ser impugnado por el interesado por incumplimiento de los requisitos informativos legales.