El parque de viviendas de Riofrío de Riaza, compuesto por unas 134 unidades, se caracteriza por una mezcla de construcciones tradicionales de piedra y pizarra y viviendas de segunda residencia construidas a partir de los años 90. Debido a la antigüedad de gran parte de las edificaciones (anteriores al CTE de 2006) y a la dureza del clima en la Sierra de Ayllón, la calificación energética más común suele oscilar entre la E y la G.
Para mejorar esta letra, las intervenciones más efectivas en la zona suelen ser el trasdosado interior de muros con aislamiento de lana de roca y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos. Una vivienda que logre subir de una letra G a una D puede reducir su gasto en calefacción hasta en un 40% anual, un dato clave para potenciales compradores en una zona donde el invierno es prolongado.
El marco legal principal es el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Junta de Castilla y León. Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito en este registro para que tenga validez legal.
Una vez registrado, se obtiene la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de pago de las tasas y el documento de registro, ya que el notario los solicitará el día de la firma de la escritura o se deberán adjuntar al contrato de arrendamiento en Riofrío de Riaza.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas por el incumplimiento de esta obligación. En Riofrío de Riaza, las multas pueden clasificarse en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler de la vivienda sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por no entregar el certificado al comprador o inquilino al formalizar la operación.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear datos en la inspección o actuar como técnico sin serlo.
Además de la multa económica, la falta del certificado puede paralizar una venta en notaría o permitir que un inquilino rescinda el contrato de alquiler alegando falta de información sobre los gastos de suministros del inmueble.