El parque de viviendas de Poza de la Sal, compuesto por 786 unidades, presenta características muy particulares. Al ser una villa con un trazado medieval y construcciones de gran antigüedad, muchas viviendas unifamiliares carecen de aislamiento moderno en sus muros de carga de piedra. Esto suele resultar en calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G.
Dado que la localidad se sitúa en la zona climática D1, las demandas de calefacción son elevadas durante los meses de invierno. Para mejorar la letra en la etiqueta energética Poza de la Sal, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado interior de muros, el cambio de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y la sustitución de antiguas calderas de gasóleo o carbón por sistemas de aerotermia o biomasa, que aprovechan mejor los recursos en entornos rurales.
El marco legal principal es el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos, como edificios públicos o viviendas destinadas a alquiler vacacional. En nuestra comunidad, el órgano encargado de la gestión es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.
El registro en el sistema CEREN es obligatorio para que el certificado tenga validez legal ante notarios y portales inmobiliarios. La tasa actual para una vivienda unifamiliar o piso en bloque es de 29,10 euros. Tras el registro, la administración emite la etiqueta oficial que incluye el número de registro y la validez del documento, facilitando la transparencia en el mercado inmobiliario de Burgos y el cumplimiento de las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica.
Vender o alquilar una vivienda en Poza de la Sal sin disponer de un certificado vigente puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicitar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): No entregar el certificado al comprador o arrendatario en el momento del contrato.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin serlo.
Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino y la compraventa podría bloquearse en la notaría. Dada la baja inversión que requiere, no merece la pena arriesgarse a estas sanciones. Contrata tu certificado oficial aquí.