El parque de viviendas de Porto do Son, compuesto por 6.549 unidades, presenta una gran diversidad. En el núcleo urbano y zonas de expansión reciente, es común encontrar edificios de apartamentos construidos tras el año 2000 con calificaciones tipo D o E. Sin embargo, en las numerosas parroquias rurales y el casco antiguo, predominan las construcciones de piedra o muros de carga sin aislamiento térmico previo a 1980, donde la calificación habitual suele ser la G o F. Debido a su clima C1, las mejoras más efectivas para subir de letra en Porto do Son son la sustitución de ventanas por doble acristalamiento con rotura de puente térmico y la instalación de sistemas de aerotermia o pellets, que pueden mejorar la calificación hasta dos niveles superiores.
La tramitación del Certificado de Eficiencia Energética en Porto do Son se rige por el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional y por las directrices de la Xunta de Galicia. El órgano encargado de la gestión es el Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). Una vez que el técnico registra el archivo XML generado, se abona la tasa pública y se obtiene la Etiqueta Energética, que es el documento visual que resume el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. Este documento tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa más reciente para fomentar la rehabilitación energética.
No disponer del certificado energético en Porto do Son al anunciar un inmueble en portales como Idealista o Fotocasa puede acarrear sanciones económicas importantes. Según la Ley 8/2013, las multas se dividen en tres categorías: leves (300€ a 600€) por no exhibir la etiqueta en anuncios; graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o inquilino; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear la información. Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino y la compraventa podría paralizarse en el registro de la propiedad por falta de documentación obligatoria.