La normativa estatal es estricta: solo técnicos competentes con titulación habilitante pueden emitir el CEE Peñarroya-Pueblonuevo. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros de diversas especialidades. Todos nuestros profesionales están debidamente colegiados y cuentan con un seguro de responsabilidad civil vigente. La labor del técnico no se limita a firmar un documento; debe realizar una inspección al inmueble presencial para medir cerramientos, identificar puentes térmicos y analizar las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Elegir un técnico con experiencia en el valle del Guadiato garantiza que las particularidades constructivas locales sean tenidas en cuenta, optimizando la calificación obtenida y asegurando la validez legal del trámite ante notarios y registros de la propiedad.
El parque de viviendas de Peñarroya-Pueblonuevo, compuesto por unas 6.490 unidades, presenta una dualidad interesante debido a su pasado minero e industrial. Gran parte de las viviendas en el casco histórico y barriadas tradicionales fueron construidas antes de la normativa térmica de 1979, lo que suele derivar en calificaciones energéticas E, F o incluso G. Estas viviendas suelen carecer de aislamiento en cámaras de aire y poseen ventanas de vidrio sencillo. Por otro lado, las promociones posteriores a 2007 en zonas de expansión suelen alcanzar letras C o D. En esta zona climática D3, las mejoras que más impacto tienen en la letra final son el trasdosado de fachadas con lana de roca y la sustitución de antiguas calderas por sistemas de aerotermia. Hemos certificado numerosas viviendas unifamiliares en la zona, detectando que el cambio a carpinterías con rotura de puente térmico puede mejorar la eficiencia en un 20%.
Además del cumplimiento del Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, en Peñarroya-Pueblonuevo se debe seguir el procedimiento establecido por la Junta de Andalucía. El órgano encargado es la Consejería de Industria, Energía y Minas, que gestiona el registro telemático a través de la aplicación PUEE (Tramitación del Certificado de Eficiencia Energética de Edificios). Es obligatorio que el certificado esté registrado para que tenga validez legal; un documento firmado por un técnico pero no registrado carece de efectos para una compraventa. La etiqueta energética oficial emitida por la Junta incluye un código de verificación que permite a cualquier interesado comprobar su autenticidad. La validez general del certificado es de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la duración se reduce a 5 años según la última actualización normativa para incentivar la rehabilitación energética.
No disponer del certificado energético Peñarroya-Pueblonuevo al anunciar un inmueble en portales como Idealista o Fotocasa puede acarrear sanciones económicas importantes. La Ley 8/2013 clasifica las infracciones en tres niveles: leves, graves y muy graves. Las multas leves oscilan entre los 300€ y 600€, aplicándose por ejemplo cuando no se menciona la calificación en la publicidad del inmueble. Las graves, que pueden llegar a los 1.000€, incluyen vender o alquilar sin entregar el certificado original. En una localidad con un mercado de alquiler residencial activo, la falta de este documento puede incluso invalidar contratos o dar pie a que el inquilino exija indemnizaciones. Además, sin el CEE registrado, es imposible formalizar la escritura pública de compraventa ante notario en cualquier oficina de la provincia de Córdoba.
Para aquellos propietarios que poseen edificios de más de 50 años en Peñarroya-Pueblonuevo, es habitual que además del certificado energético se requiera la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o el Informe de Evaluación del Edificio (IEE). Estos trámites son complementarios y pueden realizarse de forma conjunta para ahorrar costes de desplazamiento del técnico. Asimismo, si está pensando en solicitar subvenciones de los fondos Next Generation para rehabilitación energética, disponer de un certificado previo y uno posterior a las obras es un requisito indispensable para justificar el ahorro energético del 30% exigido por la administración autonómica.