El parque de viviendas de Otívar, compuesto por unas 750 unidades, presenta una tipología mixta donde predominan las casas unifamiliares de pueblo y edificaciones de media altura. Gran parte de las construcciones son anteriores a la entrada en vigor del CTE de 2006, lo que sitúa la calificación energética media en la letra E o F. En estas viviendas, las pérdidas de energía suelen producirse por carpinterías de aluminio sencillo y falta de aislamiento en cubiertas. En cambio, las rehabilitaciones recientes o viviendas de nueva planta suelen alcanzar niveles C o D. Para mejorar la letra en esta zona climática D3, las intervenciones más rentables suelen ser la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y la instalación de sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en el entorno rural de Granada.
La tramitación del CEE en Otívar se rige por el RD 390/2021 a nivel nacional y por las directrices de la Junta de Andalucía a nivel autonómico. El organismo encargado de la gestión es el Registro de Certificados Energéticos de Andalucía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito en este registro para que tenga validez legal en contratos de compraventa o arrendamiento. Una vez registrado, el propietario recibe la Etiqueta Energética, que tiene una validez máxima de 10 años, a menos que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. La transparencia en este proceso es fundamental para evitar problemas jurídicos durante la firma ante notario.
No disponer del certificado energético en vigor para anunciar una vivienda en Otívar puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las multas se dividen en tres niveles: las leves (de 300 a 600€) por publicitar el inmueble sin mencionar la calificación; las graves (de 601 a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o arrendatario; y las muy graves (de 1.001 a 6.000€) por falsear el resultado del documento. En una localidad con creciente interés por el alquiler vacacional y residencial, los controles de los portales inmobiliarios y de la administración autonómica son cada vez más estrictos. Contratar su certificado es una inversión mínima que evita riesgos legales y aporta valor añadido a su propiedad frente a posibles compradores.