El parque de viviendas de Os Blancos, compuesto por unas 713 unidades, refleja la tipología clásica de la Galicia interior. Predominan las viviendas unifamiliares de piedra o ladrillo, muchas de ellas construidas antes del primer Código Técnico de la Edificación de 1979. Debido a esto, la calificación energética típica en la zona suele oscilar entre las letras E y G. Las principales deficiencias se encuentran en la falta de aislamiento en fachadas y cubiertas, así como en el uso de calderas de gasoil o leña poco eficientes. Para mejorar la nota y alcanzar niveles C o D, las recomendaciones más efectivas en esta zona climática incluyen el trasdosado de muros con lana de roca, la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y la instalación de sistemas de aerotermia o biomasa, que aprovechan los recursos locales reduciendo drásticamente las emisiones de CO2.
La normativa que regula la certificación energética en España emana del Real Decreto 390/2021, pero la gestión directa en nuestra comunidad corresponde a la Xunta de Galicia. El órgano encargado es el Inega (Instituto Enerxético de Galicia), que gestiona el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito para que tenga validez legal ante terceros. Una vez registrado, el propietario recibe la Etiqueta Energética, que debe incluirse en cualquier oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del inmueble. Este documento tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años, obligando a una renovación más frecuente para incentivar la mejora del parque edificado.
Incumplir la normativa de eficiencia energética puede salir muy caro. La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador con multas que van desde los 300 hasta los 6.000 euros. En Os Blancos, las infracciones más comunes incluyen anunciar la venta o alquiler de una casa en portales como Idealista sin mostrar la calificación, o no entregar el certificado original al comprador en el momento de la firma de escrituras. Las infracciones se dividen en leves (300€-600€), graves (601€-1.000€) y muy graves (1.001€-6.000€). Además de la multa económica, la ausencia del certificado puede invalidar el contrato de arrendamiento o permitir que el comprador reclame daños y perjuicios si descubre que el inmueble es menos eficiente de lo que se suponía.