Bande cuenta con un parque residencial de 1.694 unidades, caracterizado por una mezcla entre viviendas tradicionales de piedra en el núcleo rural y construcciones más recientes. Debido a la antigüedad de gran parte de las edificaciones, la calificación energética más habitual en la zona suele situarse entre las letras E y G. Las viviendas construidas antes de 1980 carecen generalmente de aislamiento en cámaras de aire, lo que penaliza la nota final. Al estar en la zona climática C1, el factor que más influye es la demanda de calefacción. Para mejorar la eficiencia en Bande, las intervenciones más efectivas suelen ser la sustitución de antiguas calderas por sistemas de aerotermia o biomasa y el cambio de carpinterías sencillas por ventanas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, lo que puede subir la calificación hasta dos letras.
La certificación en Bande se rige por el marco estatal del RD 390/2021 y la normativa específica de la comunidad autónoma. El organismo encargado de gestionar el registro en nuestra región es el INEGA (Instituto Enerxético de Galicia), dependiente de la Xunta. Es obligatorio que todo certificado sea inscrito en el Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios para que tenga validez legal ante notaría o en contratos de arrendamiento. Una vez registrado, se obtiene la etiqueta energética oficial, que muestra el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. Este proceso garantiza que la información proporcionada al comprador o inquilino sea veraz y esté supervisada por las autoridades competentes en materia de energía de Galicia, siguiendo las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético en Bande ante una inspección o durante un proceso de venta puede acarrear graves sanciones económicas según la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana. Las infracciones leves, como anunciar un piso en alquiler sin mencionar su calificación, conllevan multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como vender una propiedad sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 1.000€. En el caso de infracciones muy graves, las sanciones llegan hasta los 6.000€. Además del riesgo económico, la ausencia de este documento puede paralizar una firma en notaría o dar pie a que el inquilino rescinda el contrato de alquiler por incumplimiento de los requisitos legales exigidos en la normativa de vivienda actual.