Navarrevisca cuenta con un parque de aproximadamente 579 viviendas, caracterizado por una tipología mayoritariamente rural y unifamiliar. Gran parte de las construcciones en el casco antiguo datan de antes de 1980, lo que implica una ausencia de aislamiento térmico en cámaras de aire, traduciéndose habitualmente en calificaciones energéticas bajas, entre las letras E y G. Sin embargo, las viviendas rehabilitadas o de reciente construcción bajo el amparo del Código Técnico de la Edificación (CTE) suelen alcanzar niveles D o C. Al encontrarse en la zona climática D3, las viviendas en Navarrevisca sufren una alta demanda de calefacción en invierno. Las mejoras más efectivas en esta zona para subir de letra incluyen el cambio de carpinterías por sistemas de rotura de puente térmico y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en el entorno rural de Ávila.
El marco normativo que regula la eficiencia energética en Navarrevisca es el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal, complementado por las directrices de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado de gestionar la base de datos de certificados es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Es obligatorio que todo anuncio publicitario para la venta o alquiler de un inmueble incluya la etiqueta energética oficial. Una vez registrado el documento, la administración emite un código de registro único que debe figurar en el contrato de arrendamiento o en la escritura de compraventa. Fuentes oficiales como el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) subrayan que el certificado tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa vigente desde 2021.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para proteger a los consumidores. En Navarrevisca, no disponer del certificado energético vigente al anunciar una vivienda puede acarrear multas que oscilan entre los 300 y los 6.000 euros. Las infracciones leves (de 300 a 600€) suelen darse por publicitar el inmueble sin mencionar la calificación. Las graves (de 601 a 1.000€) ocurren al no entregar el certificado al comprador o arrendatario. Por último, las infracciones muy graves (de 1.001 a 6.000€) se aplican en casos de falsedad documental o cuando se vende un inmueble sin que el certificado esté debidamente registrado en el EREN. Dada la creciente digitalización, los portales inmobiliarios colaboran con la administración para detectar anuncios que carecen de este requisito legal.