El parque de viviendas de Mugardos, compuesto por 3.345 unidades, presenta una tipología mixta. En el centro urbano predominan los bloques de viviendas construidos mayoritariamente entre 1970 y 1995, mientras que en las parroquias periféricas abundan las viviendas unifamiliares. Debido a la antigüedad de gran parte de estas construcciones y la dureza del clima costero en la zona C1, la calificación más frecuente oscila entre las letras E y G.
Para mejorar esta nota y reducir la factura energética, las recomendaciones más efectivas en Mugardos suelen ser el trasdosado interior de fachadas con aislamiento térmico y la sustitución de carpinterías antiguas por ventanas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Estas mejoras pueden elevar la calificación a una letra D o C, aumentando significativamente el valor de mercado del inmueble.
El marco normativo nacional está definido por el RD 390/2021, pero su ejecución y control en Mugardos depende directamente de la Xunta de Galicia a través del INEGA (Instituto Enerxético de Galicia). Este organismo gestiona el Registro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia (RCEEE).
Una vez que el técnico firma el certificado, es imperativo inscribirlo en este registro oficial para que tenga validez legal y se emita la etiqueta energética. Sin este número de registro, el documento no es válido para contratos de alquiler o escrituras de compraventa ante notario. El seguimiento de las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica garantiza que el proceso cumpla con todos los requisitos de transparencia y eficiencia exigidos por la Unión Europea.
La Ley 8/2013 establece sanciones severas por el incumplimiento de la normativa de certificación energética. En Mugardos, el control ha aumentado debido al auge del alquiler vacacional y residencial. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Anunciar la venta o alquiler de una vivienda sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear los datos del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
Evitar estas multas es sencillo y económico comparado con el riesgo de una inspección administrativa, especialmente en portales inmobiliarios donde la etiqueta es ya un campo obligatorio.