Según establece el Real Decreto 390/2021, el certificado energético debe ser suscrito por un técnico competente que posea la titulación académica habilitante. En el entorno de Monterde, esto se traduce en arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales o ingenieros técnicos debidamente colegiados. Estos profesionales son los únicos capacitados para realizar la inspección al inmueble, donde se verifican datos constructivos como el tipo de cerramientos, el grosor del aislamiento en fachadas y cubiertas, y la eficiencia de las calderas o sistemas de climatización. Es fundamental que el técnico esté familiarizado con la arquitectura tradicional de la zona de Zaragoza para modelar correctamente el comportamiento térmico de los edificios. La elección de un profesional colegiado no solo es una obligación legal, sino la mejor garantía para que las propuestas de mejora de la calificación sean realistas y rentables para el propietario.
Monterde cuenta con un parque residencial de 229 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares de construcción tradicional y algunas rehabilitaciones recientes. Debido a que gran parte de estas edificaciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979 (NBE-CT-79), la calificación energética más frecuente oscila entre las letras E y G. En la zona climática D3, las viviendas suelen presentar fugas térmicas importantes por carpinterías de madera antiguas o muros de piedra sin cámara de aire. Para mejorar la eficiencia en esta zona, las intervenciones más efectivas suelen ser la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y vidrio bajo emisivo, así como la actualización de sistemas de calefacción por biomasa o aerotermia, dada la disponibilidad de espacio en viviendas rurales. Un inmueble con una calificación D o superior en Monterde se considera altamente eficiente comparado con la media local.
La normativa que regula el certificado de eficiencia energética en Monterde emana del marco estatal del Ministerio para la Transición Ecológica (RD 390/2021) y es gestionada a nivel autonómico por la Dirección General de Energía y Minas de Aragón. Es obligatorio registrar el certificado en el portal oficial de la comunidad para que este tenga validez legal y se emita la etiqueta energética correspondiente. Este documento tiene una validez de 10 años, salvo en los casos en que la calificación sea G, donde la duración se reduce a 5 años. El propietario tiene la responsabilidad de conservar este documento y entregarlo al comprador o arrendatario. Las autoridades aragonesas realizan inspecciones aleatorias para verificar la veracidad de los datos volcados en el registro, asegurando que las certificaciones reflejen fielmente la realidad física de los inmuebles en municipios como Monterde.
La carencia del certificado energético en Monterde durante la promoción, venta o alquiler de un inmueble conlleva riesgos legales y financieros significativos según la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre los 300€ y los 6.000€. Por ejemplo, anunciar una vivienda en portales inmobiliarios sin mostrar la etiqueta energética se considera una infracción leve. No entregar el certificado original al comprador o arrendatario puede derivar en multas de hasta 1.000€. Además de la sanción económica, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente, alegando falta de información esencial. En un mercado cada vez más regulado, disponer del CEE en vigor es la única forma de garantizar una operación segura y evitar requerimientos de la administración autonómica.
Para los propietarios en Monterde con edificios de cierta antigüedad, puede ser necesario realizar de forma complementaria la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) si se pretenden solicitar ayudas a la rehabilitación energética. Aunque Aragón no exige cédula de habitabilidad como otras comunidades, el certificado energético es el documento base para acceder a las deducciones fiscales en el IRPF por mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual. Realizar estos trámites de forma conjunta con la certificación energética puede optimizar los costes de desplazamiento del técnico a la localidad.