El parque de viviendas de Los Huertos, con cerca de 145 unidades censadas, se caracteriza por una mayoría de construcciones unifamiliares, muchas de ellas anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006. Debido a la dureza climática de la zona D3, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Las viviendas más antiguas suelen carecer de aislamiento en cámaras de aire, lo que penaliza la nota final. Sin embargo, mediante mejoras como la instalación de calderas de biomasa, muy comunes en entornos rurales de Segovia, o el trasdosado de muros con aislante térmico, es posible ascender hasta una letra D o C, incrementando significativamente el valor de mercado del inmueble en Los Huertos.
El marco normativo que regula el CEE Los Huertos emana del Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, pero su ejecución depende de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado es el Ente Regional de la Energía (EREN), que gestiona el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. Una vez el técnico registra el archivo XML generado, la administración emite la etiqueta oficial que tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es obligatorio incluir esta etiqueta en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler en portales inmobiliarios.
No disponer del certificado energético en Los Huertos ante una inspección o durante un proceso de compraventa puede acarrear sanciones económicas graves según la Ley 8/2013. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicitar la vivienda sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
En una localidad pequeña como Los Huertos, el control suele producirse a través del registro de la propiedad o tras denuncias en contratos de alquiler residencial.