La normativa estatal (RD 390/2021) estipula que solo técnicos competentes con titulación habilitante pueden emitir este documento. En el caso de Abades, trabajamos con arquitectos, aparejadores e ingenieros colegiados que conocen perfectamente el parque inmobiliario de Segovia. El técnico es el responsable de realizar la inspección al inmueble, medir las estancias, comprobar la orientación, analizar los sistemas de calefacción (muy relevantes en la zona D3) y proponer medidas de mejora realistas. Elegir un técnico que opere habitualmente en la provincia garantiza un conocimiento profundo de las soluciones constructivas típicas de la cometida rural castellana, asegurando una calificación precisa y profesional.
Abades cuenta con un parque inmobiliario de aproximadamente 543 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional y algunas construcciones más recientes. Debido a la edad media de muchas edificaciones, construidas mayoritariamente antes de la entrada en vigor del CTE de 2006, la calificación energética más habitual oscila entre la E y la G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en muros y a la presencia de calderas de gasoil o sistemas eléctricos antiguos. En la zona climática D3, donde la demanda de calefacción es alta, las mejoras que más impacto tienen en la letra del certificado son el trasdosado de fachadas, el cambio de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y la instalación de sistemas de aerotermia o biomasa, que pueden elevar la calificación hasta una C o B en rehabilitaciones integrales.
El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, pero la gestión administrativa depende directamente de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado es el Ente Regional de la Energía (EREN), que gestiona el registro CEREN. En esta comunidad, la presentación del certificado conlleva el pago de una tasa pública que actualmente se sitúa en torno a los 29,10 euros para viviendas unifamiliares o pisos. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental que el registro se realice correctamente, ya que el número de registro es un dato obligatorio para formalizar cualquier contrato de compraventa o alquiler ante notario o en el depósito de fianzas.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado. En Abades, las inspecciones suelen derivar de denuncias de inquilinos o de la revisión de anuncios en portales como Idealista o Fotocasa. Las infracciones leves (como no mencionar la calificación en el anuncio) conllevan multas de 300€ a 600€. Las graves (vender o alquilar sin entregar el certificado) pueden alcanzar los 1.000€, mientras que las muy graves (falsear el resultado) llegan hasta los 6.000€. Además de la multa económica, la falta de este documento puede paralizar una venta en notaría o suponer la nulidad del contrato de alquiler, con el consiguiente perjuicio legal para el propietario.