El parque de viviendas de Lécera, compuesto por unas 660 unidades, se caracteriza por una mezcla de casas de pueblo tradicionales en el casco antiguo y algunas edificaciones unifamiliares más recientes. Debido a la antigüedad de muchas construcciones (previas al CTE de 2006), la calificación energética más frecuente en la zona suele oscilar entre las letras E y G.
Para mejorar esta nota y alcanzar una calificación D o C, las intervenciones más efectivas en Lécera suelen ser el trasdosado de muros con aislamiento térmico y la sustitución de carpinterías antiguas por ventanas de PVC con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Dado que Lécera se sitúa en la zona climática B3-C2, un buen aislamiento contra el frío invernal del valle del Ebro es clave para reducir el consumo en calefacción hasta en un 40%.
El marco legal que regula el CEE Lécera es el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal. En el ámbito autonómico, la gestión administrativa recae sobre la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. Es esta entidad la encargada de custodiar el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Aragón.
Una vez que el técnico registra el documento telemáticamente, la administración emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, salvo en los casos donde la calificación sea G, en los que la validez se reduce a 5 años. Este documento es imprescindible para formalizar cualquier escritura de compraventa ante notario en la provincia de Zaragoza o para la firma de nuevos contratos de arrendamiento.
Carecer del certificado de eficiencia energética en Lécera mientras se promociona una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en tres niveles:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el receptor debido a la falta de información obligatoria sobre la eficiencia del inmueble.