La normativa española, bajo el marco del RD 390/2021, estipula que solo técnicos competentes con titulación habilitante pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros debidamente colegiados. En La Puebla de Arganzón, contamos con expertos que conocen perfectamente la arquitectura local y los requisitos térmicos de la zona climática D1. El técnico es el responsable de realizar la inspección al inmueble obligatoria, donde tomará datos de la envolvente térmica (muros, ventanas, cubiertas) y de las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Elegir un profesional colegiado en la provincia de Burgos asegura que el certificado cumplirá con los estándares exigidos por el registro de Castilla y León, evitando posibles rechazos o requerimientos posteriores de la administración.
El parque de viviendas de La Puebla de Arganzón, compuesto por unas 453 unidades, presenta una dualidad interesante. Por un lado, encontramos edificaciones en el casco histórico, muchas de ellas construidas con muros de carga de piedra y estructuras de madera anteriores a 1980, que suelen obtener calificaciones energéticas bajas, predominantemente en el rango de la E a la G. Por otro lado, las rehabilitaciones recientes y las construcciones unifamiliares de las últimas dos décadas tienden a situarse en las letras C o D. Dado que nos encontramos en la zona climática D1, las viviendas que no cuentan con aislamiento térmico en cámaras de aire o doble acristalamiento sufren importantes pérdidas de energía en invierno. Las mejoras más efectivas en esta zona para subir de letra incluyen la instalación de calderas de biomasa o aerotermia y el trasdosado de muros con aislamiento de lana mineral o EPS.
El registro de los certificados en esta región es gestionado por el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Junta de Castilla y León. El cumplimiento del Real Decreto 390/2021 es riguroso, exigiendo que todo anuncio publicitario para la venta o alquiler de un inmueble incluya la etiqueta energética. Una particularidad de Castilla y León es su plataforma telemática CEREN, que permite una gestión ágil de los expedientes. Una vez que el técnico registra el informe, el sistema genera un número de registro y la etiqueta oficial que muestra el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. Es fundamental conservar este documento junto con la escritura de la propiedad, ya que su validez es de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa más reciente.
Incumplir la obligación de disponer del certificado energético vigente puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Por ejemplo, anunciar la venta o alquiler de un piso en portales como Idealista o Fotocasa sin mencionar la calificación.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar sin entregar el certificado original al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear el resultado del certificado o actuar como certificador sin serlo.
En una localidad con un mercado de alquiler residencial y potencial turístico, la vigilancia de la administración sobre estas obligaciones ha aumentado significativamente, haciendo que la inversión en el certificado sea mínima comparada con el riesgo de una sanción.