El parque inmobiliario de Cubo de Bureba, compuesto por 138 unidades, presenta una tipología mayoritariamente de vivienda unifamiliar en casco rural y algunas construcciones de tipología tradicional burgalesa. Dado que una parte importante de la edificación es previa a la normativa de aislamiento de 1979, la calificación energética típica suele situarse entre la E y la G. En estas viviendas, las pérdidas de calor por fachada y cubiertas son notables. Sin embargo, rehabilitaciones recientes que han incorporado calderas de biomasa o trasdosados de lana de roca pueden elevar la letra hasta una D o C. Para mejorar la eficiencia en la zona climática D1, las actuaciones más rentables suelen ser la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y el aislamiento de techos bajo cubierta.
El marco legal principal es el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos, como viviendas de alquiler vacacional o edificios de uso público de más de 250 m². En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Este organismo supervisa la veracidad de los datos volcados en el certificado. Una vez registrado, el documento tiene una validez máxima de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de registro, ya que es el documento que solicitará el notario en el momento de la firma de una compraventa en la provincia de Burgos.
Incumplir la obligación de disponer de un certificado vigente puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres grados: leves (300€ a 600€) por anunciar la vivienda sin mencionar la calificación; graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o arrendatario; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear la información. En Cubo de Bureba, el control administrativo se intensifica a través de las inspecciones de consumo y la vigilancia en portales inmobiliarios digitales, donde es imposible publicar un anuncio legal sin el correspondiente código de registro autonómico.