Justel cuenta con un parque inmobiliario compuesto mayoritariamente por 273 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares de construcción tradicional. Debido a la antigüedad de gran parte de las edificaciones, muchas de ellas anteriores a la normativa NBE-CT 79, la calificación energética más frecuente oscila entre la E y la G. Estas viviendas suelen presentar pérdidas térmicas significativas por la cubierta y muros de piedra o ladrillo sin cámara de aire. Para mejorar la letra en Justel y reducir la factura energética, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado interior con aislamiento térmico, la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, o la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
El marco normativo que regula el certificado de eficiencia energética Justel es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. A nivel autonómico, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) es el organismo encargado de gestionar el registro oficial y supervisar las auditorías de control. Es obligatorio que el certificado esté debidamente registrado para que tenga validez legal; de lo contrario, el propietario se expone a sanciones. Una vez registrado, se obtiene la etiqueta energética oficial, un documento que debe incluirse obligatoriamente en cualquier oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del inmueble. Este documento tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la última actualización normativa.
No disponer del certificado energético en Justel para un inmueble en venta o alquiler puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres categorías: leves (300€ a 600€) por no mencionar la calificación en los anuncios; graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado válido; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del certificado. Además de la sanción económica, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el comprador o inquilino por falta de información esencial sobre las prestaciones energéticas de la vivienda. En una zona de baja densidad como Justel, el control administrativo se ha intensificado especialmente en viviendas destinadas a uso turístico.