Gotarrendura cuenta con un parque inmobiliario compuesto mayoritariamente por 120 unidades, predominando las viviendas unifamiliares de tipología rural y algunas construcciones de finales del siglo XX. Debido a que gran parte de estas edificaciones fueron construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2006, la calificación energética más frecuente oscila entre las letras E y G. La zona climática D3 de Ávila penaliza especialmente la falta de aislamiento en cubiertas y la presencia de puentes térmicos en carpinterías de aluminio antiguas. Sin embargo, propiedades que han renovado sus ventanas por sistemas de PVC con rotura de puente térmico o que han sustituido calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, pueden alcanzar fácilmente calificaciones C o D. Mejorar el aislamiento mediante insuflado en cámaras de aire es una de las intervenciones más rentables en esta zona para subir la letra de la etiqueta.
El marco legal que regula el CEE Gotarrendura es el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal, el cual obliga a registrar el certificado en el órgano competente de la comunidad autónoma. En Castilla y León, este organismo es el Ente Regional de la Energía (EREN), que gestiona el registro CEREN. Es imperativo que, una vez finalizado el informe técnico, este sea cargado en la plataforma oficial para que se emita la Etiqueta Energética, que es el único documento válido para anuncios en portales inmobiliarios. La normativa autonómica exige que el certificado tenga una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos registros se realicen bajo estrictos controles de calidad documental.
Incumplir la obligación de disponer del certificado energético puede acarrear graves consecuencias económicas y jurídicas. Según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las infracciones se dividen en tres niveles: las leves (300€ a 600€) por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación; las graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario; y las muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del certificado. En un municipio pequeño como Gotarrendura, cualquier transacción ante notario quedará bloqueada si no se presenta el código de registro oficial. Además, el comprador podría rescindir el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios si descubre que la vivienda consume mucha más energía de la legalmente declarada por falta del documento oficial.