El Fresno cuenta con un parque de 382 unidades inmobiliarias, donde predominan las viviendas unifamiliares y las construcciones de tipología rural. Debido a que gran parte de estas edificaciones son anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación energética más frecuente en la zona oscila entre las letras E y G. Las viviendas de piedra o ladrillo sin aislamiento en cámara suelen presentar grandes pérdidas de calor, especialmente críticas en la zona climática D3. Para mejorar esta nota, se recomienda actuar en dos frentes: la sustitución de calderas antiguas por sistemas de aerotermia o biomasa (muy eficiente en entornos rurales) y la instalación de ventanas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Una vivienda rehabilitada en El Fresno puede subir hasta dos letras en la escala, aumentando su valor de mercado en un 10% aproximadamente.
El registro de los certificados en El Fresno es gestionado por el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León). Este organismo es el encargado de supervisar que todos los documentos cumplan con los requisitos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tras la visita técnica y la elaboración del informe, el documento debe presentarse telemáticamente en la plataforma oficial de la Junta de Castilla y León. Una vez validado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la última actualización normativa. Es imperativo que el propietario conserve el justificante de registro, ya que será solicitado por el notario en el momento de la compraventa.
No disponer del certificado energético en El Fresno para anunciar una vivienda en portales como Idealista o Fotocasa puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en tres niveles: las leves (de 300 a 600€) por no mencionar la calificación en los anuncios; las graves (de 601 a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o inquilino; y las muy graves (de 1.001 a 6.000€) por falsificar datos. En una localidad pequeña, el control administrativo suele ser riguroso sobre las viviendas destinadas a uso turístico, donde la falta de la etiqueta oficial puede derivar en la revocación de la licencia de actividad. Contratar su certificado es una inversión mínima frente al riesgo de una multa administrativa.