El parque de viviendas de Crecente, compuesto por unas 1498 unidades, presenta una tipología predominantemente rural y unifamiliar, con una edad media considerable en su casco histórico y núcleos parroquiales. Debido a que gran parte de las construcciones son anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación más común suele situarse en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen carecer de aislamiento en cámaras de aire y cuentan con carpinterías de aluminio sencillo. Para mejorar la letra en la etiqueta energética Crecente, las intervenciones más efectivas en esta zona climática C1 incluyen la sustitución de calderas antiguas por sistemas de aerotermia o pellets, y el trasdosado interior de muros con lana de roca, lo que puede elevar la calificación hasta una D o C, aumentando significativamente el valor de mercado del inmueble.
El marco legal que regula el proceso es el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal. En el ámbito autonómico, la gestión corresponde al Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia (RGEE), dependiente del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). El registro es obligatoriamente telemático y requiere la firma electrónica del técnico. Una vez validado, se emite la etiqueta oficial que incluye el número de registro, esencial para cualquier contrato de compraventa o arrendamiento. Este documento tiene una validez de 10 años, excepto cuando la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la última actualización normativa. Es responsabilidad del propietario mantener este documento en vigor y entregarlo al nuevo adquirente o arrendatario.
La carencia del certificado energético en Crecente durante un proceso de venta o alquiler se considera una infracción según la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las sanciones se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€ por no mencionar la calificación en anuncios), graves (601€ a 1.000€ por vender o alquilar sin entregar el certificado) y muy graves (1.001€ a 6.000€ por falsear el resultado). En un mercado con creciente control sobre las viviendas de uso turístico y el alquiler residencial en la provincia de Pontevedra, no disponer de este documento puede paralizar una operación inmobiliaria en la notaría o derivar en denuncias de inquilinos que detecten irregularidades en su contrato.