Constanzana cuenta con un parque inmobiliario reducido de 72 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares de tipología rural. Debido a la antigüedad media de muchas de estas construcciones, es habitual encontrar calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento térmico en muros y a la presencia de carpinterías antiguas de madera o aluminio sin rotura de puente térmico. Al estar en la zona climática D3, los requerimientos de calefacción son altos. Sin embargo, aquellas viviendas rehabilitadas tras el año 2007 o de nueva construcción pueden alcanzar fácilmente letras C o D. Las mejoras más efectivas en esta zona para subir de nivel en la escala energética incluyen el trasdosado de fachadas con aislante mineral y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en el entorno rural abulense.
La normativa que regula el certificado de eficiencia energética es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Es obligatorio que todo certificado sea registrado en su plataforma telemática para que tenga validez legal. La tasa actual para viviendas en la comunidad es de 29,10 euros. Una vez registrado, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación sea una G, en cuyo caso la validez máxima es de 5 años. Este documento es custodiado por la administración y puede ser requerido en cualquier inspección o proceso de compraventa, siguiendo las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
No disponer del certificado energético para vender o alquilar una vivienda en Constanzana puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013. Las infracciones se clasifican en tres niveles: las leves (de 300 a 600 €) por publicitar un inmueble sin mencionar su calificación; las graves (de 601 a 1.000 €) por vender o alquilar sin entregar el certificado vigente; y las muy graves (de 1.001 a 6.000 €) por falsear el resultado del certificado. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el comprador o arrendatario por incumplimiento de los derechos del consumidor. En un entorno rural, el control sobre viviendas de uso turístico también es creciente, por lo que disponer de la etiqueta energética Constanzana actualizada es la mejor garantía de seguridad jurídica.