La normativa vigente, concretamente el RD 390/2021, establece que los técnicos competentes para realizar este trámite deben ser arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos colegiados. En el caso de Santo Tomé de Zabarcos, es fundamental contar con un técnico que conozca las particularidades del clima en la meseta norte y los sistemas constructivos tradicionales de Ávila. La labor del técnico incluye una inspección al inmueble donde se toman medidas de los cerramientos, se analiza la orientación, se identifican los puentes térmicos y se revisan las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Contratar a un profesional colegiado garantiza que el certificado sea veraz y que las propuestas de mejora sugeridas sean técnicamente viables y rentables para el usuario final.
El parque de viviendas de Santo Tomé de Zabarcos, compuesto por unas 86 unidades, presenta una tipología mayoritariamente rural y unifamiliar. Gran parte de estas construcciones fueron levantadas antes de la normativa de aislamiento de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen tener muros de gran inercia térmica pero escaso aislamiento en cubiertas y ventanas. Por el contrario, las rehabilitaciones recientes o las escasas construcciones post-2007 pueden alcanzar letras C o D. Para mejorar la eficiencia en esta zona climática D3, las acciones más efectivas suelen ser la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, y la mejora del aislamiento en el bajo cubierta, lo que puede elevar la calificación hasta dos letras en la escala de eficiencia.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Es obligatorio que todo certificado sea registrado en su plataforma telemática para que tenga validez legal. Este registro otorga la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, excepto en aquellos inmuebles con calificación G, cuya duración se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales, como el Ministerio para la Transición Ecológica, recalcan que el certificado debe estar a disposición de los posibles compradores o arrendatarios desde el mismo momento en que el inmueble se pone en el mercado.
La carencia del certificado energético no es un asunto menor, ya que está tipificada como infracción en la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las sanciones en Santo Tomé de Zabarcos pueden oscilar entre los 300€ para infracciones leves (como no exhibir la etiqueta en anuncios de Idealista o Fotocasa) y los 6.000€ para infracciones muy graves (como falsear el resultado del certificado). Además de la multa económica, la ausencia de este documento puede invalidar un contrato de arrendamiento o paralizar una venta en la notaría, generando retrasos y costes adicionales inesperados para el propietario. Es una inversión mínima comparada con los riesgos legales y financieros que supone su omisión.