La normativa exige que el certificado de eficiencia energética en Clarés de Ribota sea realizado por técnicos competentes y colegiados. Estos perfiles incluyen arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales o ingenieros técnicos. En nuestra plataforma contamos con profesionales expertos en la zona de Zaragoza que garantizan una inspección al inmueble rigurosa, evaluando cerramientos, huecos, puentes térmicos y sistemas de climatización. La elección de un técnico cualificado es vital para evitar errores en la calificación que podrían derivar en problemas legales durante la firma ante notario.
El parque inmobiliario de Clarés de Ribota, compuesto por unas 138 unidades, es predominantemente de carácter unifamiliar y rural. Gran parte de las construcciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas bajas, habitualmente entre las letras E y G. Al estar en la zona climática D3, las viviendas sufren pérdidas térmicas importantes si no han sido rehabilitadas. Para mejorar la letra y reducir la factura de luz o gas, las intervenciones más eficaces en esta zona son el trasdosado de fachadas con aislamiento térmico y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021. En el ámbito autonómico, el registro se gestiona a través del departamento competente en energía del Gobierno de Aragón. Es obligatorio que el certificado esté debidamente registrado para que tenga validez legal ante cualquier contrato de arrendamiento o compraventa. Una vez tramitado, se emite la etiqueta energética oficial, que debe incluirse en cualquier anuncio publicitario en portales inmobiliarios. El incumplimiento de este registro puede invalidar el contrato y acarrear sanciones de la administración regional.
No disponer del certificado energético en Clarés de Ribota conlleva riesgos económicos significativos bajo la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como anunciar la venta sin mencionar la calificación, parten de los 300€. Las graves, como vender sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 1.000€, mientras que las muy graves (falsificación de datos) llegan hasta los 6.000€. En una comunidad pequeña, la falta de este documento puede paralizar una transacción en la notaría, generando retrasos y costes adicionales inesperados para el vendedor.