El parque de viviendas de Chía es eminentemente rural y tradicional, con una gran presencia de muros de piedra de gran espesor y cubiertas de pizarra o teja. Debido a que gran parte de las 91 construcciones son anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación más frecuente suele situarse en las letras E o F. La zona climática D1 impone una demanda energética elevada para calefacción durante los meses de invierno. Los inmuebles rehabilitados que han incorporado trasdosados de lana de roca o ventanas de doble cristal con rotura de puente térmico pueden aspirar a una letra D o incluso C. Para mejorar la nota energética en esta zona, las intervenciones más efectivas suelen ser la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, y el refuerzo del aislamiento en los bajocubierta, que es por donde se pierde hasta el 30% del calor en estas latitudes.
El marco normativo que regula el certificado energético en Chía es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, y las directrices del Gobierno de Aragón a nivel autonómico. El organismo encargado de gestionar estas certificaciones es la Dirección General de Energía y Minas, dependiente del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. El registro es obligatorio y debe realizarse siempre que se construya, venda o alquile un edificio o unidad del mismo. Una vez registrado, el propietario recibe la Etiqueta de Eficiencia Energética, que debe incluirse en cualquier oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del inmueble. Este proceso garantiza la transparencia para el consumidor y cumple con las exigencias de eficiencia marcadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
No disponer del certificado energético vigente en Chía puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en tres niveles: las leves (de 300€ a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; las graves (de 601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario; y las muy graves (de 1.001€ a 6.000€) por falsear la información. Dado que Chía se encuentra en una zona con potencial de alquiler vacacional y segundas residencias, el control sobre la validez del CEE en plataformas digitales es cada vez más estricto, pudiendo bloquearse el anuncio si no se dispone de la etiqueta oficial en vigor.