Según establece el Real Decreto 390/2021, el certificado solo puede ser emitido por técnicos competentes que posean la titulación académica habilitante. En el entorno de Castellar de la Frontera, esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros de diversas especialidades. Es imperativo que el profesional esté colegiado y cuente con la formación específica en materia de certificación energética. La labor del técnico no se limita a firmar un documento; debe realizar una inspección presencial para verificar datos críticos como el espesor de los muros en el Castillo de Castellar o el tipo de acristalamiento en las viviendas del Pueblo Nuevo. La elección de un técnico con experiencia en la provincia de Cádiz garantiza que las propuestas de mejora sean realistas y adaptadas al clima mediterráneo de la zona.
El parque de viviendas de Castellar de la Frontera, con sus 1318 unidades censadas, presenta una dualidad arquitectónica fascinante que influye directamente en las calificaciones energéticas. Por un lado, el núcleo histórico del Castillo cuenta con construcciones de muros de piedra de gran inercia térmica pero escaso aislamiento moderno, donde las calificaciones suelen situarse en la letra E o F. Por otro lado, el Pueblo Nuevo, fundado mayoritariamente hacia 1971 por el Instituto Nacional de Colonización, presenta edificaciones de ladrillo que, si no han sido reformadas, carecen de rotura de puente térmico en ventanas. En estas zonas, la calificación típica esperable es la E. Para mejorar la letra y alcanzar una D o C en la zona climática A4, las intervenciones más efectivas en Castellar incluyen la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y la instalación de sistemas de climatización por aerotermia, aprovechando el alto número de horas de sol anuales.
El marco normativo que regula la eficiencia energética en España es el RD 390/2021, pero la gestión de los registros es competencia autonómica. En Andalucía, el órgano encargado es la Consejería con competencias en Energía, que gestiona el Registro de Certificados Energéticos de Andalucía (PUEA). Es importante destacar que desde finales de 2021, la Junta de Andalucía suprimió la tasa de registro para las viviendas, facilitando así el trámite a los ciudadanos de Castellar de la Frontera. El certificado tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Una vez registrado, el propietario recibe la etiqueta energética oficial, que debe incluirse en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler, conforme a las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La carencia del certificado energético en Castellar de la Frontera no solo impide la formalización legal de contratos de compraventa o alquiler ante notario, sino que expone al propietario a sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las multas se dividen en tres categorías: leves (de 300 a 600 €), como anunciar la vivienda sin mencionar la calificación; graves (de 601 a 1.000 €), por vender o alquilar sin entregar el certificado; y muy graves (de 1.001 a 6.000 €), por falsear el resultado del informe. En una localidad con creciente interés por el turismo rural y el alquiler vacacional, la vigilancia sobre la etiqueta energética en portales inmobiliarios es cada vez mayor, por lo que disponer del documento en vigor es esencial para evitar requerimientos administrativos.