Caltojar cuenta con un parque inmobiliario compuesto por 233 unidades, donde predominan las construcciones de tipología rural y viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional. Gran parte de estos inmuebles fueron construidos antes de la entrada en vigor de la NBE-CT 79, lo que suele resultar en calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G. La zona climática D3 de Soria se caracteriza por una demanda de calefacción elevada. Las viviendas que no han sido rehabilitadas suelen presentar fugas térmicas en cubiertas y ventanas de vidrio sencillo. Para mejorar la letra en el certificado energético Caltojar, las intervenciones más eficaces suelen ser el trasdosado de muros exteriores con aislante mineral y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en la zona.
La normativa que rige la certificación en Caltojar es el RD 390/2021 a nivel nacional y las disposiciones específicas de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado de la gestión es el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios, dependiente del Ente Regional de la Energía (EREN). Una vez finalizada la inspección y redactado el informe, es obligatorio realizar la inscripción telemática para obtener la etiqueta oficial, que tiene una validez de 10 años, excepto si la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos registros se mantengan actualizados para cumplir con los objetivos europeos de descarbonización para 2050.
El incumplimiento de la obligación de disponer del certificado energético Caltojar puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€) por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación; graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o arrendatario; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del documento. Además de la multa, la ausencia de este documento puede invalidar el contrato de arrendamiento o paralizar una firma de compraventa ante notario, provocando retrasos costosos para ambas partes.