Arenillas es un núcleo rural con un parque de aproximadamente 88 viviendas, donde predominan las construcciones unifamiliares de arquitectura tradicional soriana. La mayoría de estos inmuebles fueron construidos antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación de 2006, lo que suele resultar en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento en muros de piedra o ladrillo antiguo y a la presencia de carpinterías de madera o aluminio sin rotura de puente térmico. En inmuebles rehabilitados recientemente, es común alcanzar una letra D. Para mejorar la eficiencia en la zona climática D3, las recomendaciones más efectivas suelen ser el trasdosado interior con aislante térmico y la sustitución de antiguas calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, aprovechando los recursos locales.
La normativa que regula la certificación de eficiencia energética se basa en el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, la autoridad competente es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Es obligatorio registrar el certificado una vez redactado para que tenga validez legal y se obtenga la etiqueta oficial. La validez general del certificado es de 10 años, excepto cuando la calificación obtenida es una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa vigente. Como fuentes oficiales de consulta, los propietarios pueden acudir al portal de la Junta de Castilla y León o a los documentos técnicos del IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto para proteger a los consumidores. En Arenillas, no disponer del certificado energético vigente puede acarrear multas que oscilan entre los 300€ y los 6.000€. Las infracciones leves (de 300€ a 600€) incluyen publicitar la venta o alquiler de la vivienda en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación energética. Las infracciones graves (de 601€ a 1.000€) se aplican si se vende o alquila el inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario. Finalmente, las muy graves (hasta 6.000€) se dan en casos de falsificación de datos. Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino, y el comprador podría exigir responsabilidades al vendedor por vicios ocultos.