Cabolafuente cuenta con un núcleo rural consolidado de 149 inmuebles, donde predominan las viviendas unifamiliares de construcción tradicional. Debido a la antigüedad de gran parte del parque, construido mayoritariamente antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación más habitual oscila entre la E y la G. Estas viviendas suelen presentar muros de piedra o ladrillo macizo sin aislamiento térmico en cámara, lo que incrementa la demanda energética. Para mejorar la letra en el certificado, las intervenciones más efectivas en esta zona son el trasdosado interior de muros con lana de roca y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento tipo Climalit.
El registro de certificados de eficiencia energética en nuestra comunidad está gestionado por el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Todo certificado emitido en Cabolafuente debe ser inscrito obligatoriamente en este registro para tener validez legal. El marco normativo principal es el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a edificios de más de 500 m2 y a viviendas destinadas a alquiler vacacional. Una vez registrado, el propietario recibe un número de registro oficial y la etiqueta energética, que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa más reciente.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado. En Cabolafuente, las multas pueden variar desde los 300€ hasta los 6.000€. Las infracciones leves (300-600€) suelen darse por publicitar la venta o alquiler de una vivienda en portales como Idealista o Fotocasa sin mencionar la calificación energética. Las infracciones graves o muy graves ocurren cuando se vende una propiedad sin entregar el certificado original al comprador o se falsea el resultado de la inspección al inmueble. Además del riesgo económico, la falta de este documento puede paralizar una venta en la notaría.