El parque de viviendas en Añón de Moncayo, compuesto por unas 230 unidades, refleja la historia rural de la provincia de Zaragoza. Gran parte de los inmuebles en el casco antiguo fueron construidos antes de 1980, careciendo de aislamientos térmicos modernos en cámaras de aire. Por ello, la calificación energética típica en estas viviendas suele situarse entre las letras E y G. Las tipologías predominantes son las casas unifamiliares de pueblo y algunas rehabilitaciones recientes. Para mejorar la letra y aumentar el valor del inmueble, las medidas más eficaces en esta zona incluyen el trasdosado interior de muros exteriores, la sustitución de ventanas sencillas por vidrios bajo emisivos con rotura de puente térmico y la actualización de calderas antiguas por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos de montaña.
El marco normativo que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. Es obligatorio que el certificado esté debidamente inscrito en su registro oficial para que tenga validez legal en contratos de compraventa o arrendamiento. Al finalizar el proceso, el propietario recibe la Etiqueta de Eficiencia Energética, que incluye el número de registro oficial. Este documento tiene una validez máxima de 10 años, a excepción de las viviendas con calificación G, cuya validez se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos procedimientos fomenten la descarbonización del parque edificatorio español para el año 2050.
Incumplir la obligación de disponer del CEE en Añón de Moncayo puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar la venta de una casa sin mencionar la calificación, pueden suponer multas de 300 a 600 euros. Las infracciones graves o muy graves, como falsear el resultado del certificado o vender un inmueble sin entregar el original al comprador, pueden alcanzar los 6.000 euros. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el adquirente o arrendatario por falta de información obligatoria. Dado el creciente control en portales inmobiliarios y notarías, contar con un certificado válido es la única forma de garantizar una operación segura y legal.