Zafarraya cuenta con un parque de 1253 viviendas donde predominan las casas unifamiliares de autoconstrucción y bloques de baja altura. Dada la antigüedad media de muchas propiedades, construidas antes de la normativa térmica de 2007, es habitual encontrar calificaciones situadas entre las letras E y G. Las viviendas situadas en el casco antiguo suelen presentar mayores pérdidas de energía por muros de piedra o ladrillo sin aislamiento. Sin embargo, aquellas propiedades que han renovado sus cerramientos con doble acristalamiento o han instalado calderas de biomasa (muy comunes en la zona por la disponibilidad de residuos agrícolas) pueden ascender fácilmente a una letra D o C. Para mejorar la nota en Zafarraya, las recomendaciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas norte y la sustitución de antiguas calderas por sistemas de aerotermia.
La normativa que regula la certificación de eficiencia energética en Zafarraya emana del marco estatal RD 390/2021, pero es gestionada a nivel autonómico por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas. El registro es obligatorio y debe realizarse de forma telemática. Una vez el técnico presenta el archivo XML generado, la administración emite la etiqueta energética oficial, que incluye el número de registro necesario para cualquier contrato de alquiler o escritura de venta. Es fundamental verificar que el certificado esté debidamente inscrito, ya que la ausencia de este trámite invalida el documento ante terceros. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos procedimientos fomenten la descarbonización del parque edificado español para el año 2050.
No disponer del certificado energético en Zafarraya al anunciar una propiedad en portales como Idealista o Fotocasa puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se clasifican en tres niveles: las leves, con multas de 300€ a 600€ (por ejemplo, anunciar sin mencionar la calificación); las graves, de 601€ a 1.000€ (vender o alquilar sin entregar el certificado); y las muy graves, que pueden alcanzar los 6.000€ si se falsea la información. Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado por el inquilino y la compraventa podría sufrir retrasos significativos en la firma notarial. En un mercado con creciente demanda de alquiler residencial, contar con la etiqueta en vigor es la mejor protección legal para el propietario.