El parque de viviendas de Villaverde del Río, con aproximadamente 3.098 unidades, presenta una tipología mixta donde predominan las viviendas unifamiliares de autoconstrucción y bloques de baja densidad. Gran parte de la edificación en el casco histórico es anterior a 1980, lo que suele traducirse en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G debido a la ausencia de aislamiento en fachadas y carpinterías antiguas. Por el contrario, las promociones posteriores al año 2007, que ya cumplían con el Código Técnico de la Edificación (CTE), suelen alcanzar letras D o C. En la zona climática A4, las mejoras más efectivas para subir de letra y mejorar el confort son la instalación de sistemas de aerotermia, la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y el trasdosado de muros exteriores con materiales aislantes.
La normativa que regula la eficiencia energética en Andalucía se enmarca en el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. La gestión autonómica recae sobre la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, a través del Registro de Certificados Energéticos de Andalucía (PUE). Es imperativo que el certificado esté correctamente inscrito para que tenga validez legal ante notario. A diferencia de otras comunidades autónomas, el registro andaluz es eficiente y, para inmuebles de uso residencial, no conlleva el pago de tasas públicas. Este registro otorga la etiqueta energética oficial, que debe incluirse obligatoriamente en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler, citando siempre los datos del IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica.
No disponer del certificado energético en Villaverde del Río al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética o no renovar un certificado caducado.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin titulación.
En una localidad con un mercado de alquiler residencial activo, la vigilancia administrativa sobre la publicación de la etiqueta en portales inmobiliarios es cada vez más estricta.