El parque de viviendas de Villalcón, compuesto mayoritariamente por 92 unidades de carácter rural y unifamiliar, presenta una antigüedad media que suele superar los 40 años. Debido a esto, la calificación más frecuente se sitúa entre las letras E y G. Al estar en la zona climática D1, el factor determinante es la demanda de calefacción. Las viviendas construidas antes de la normativa de 1979 carecen habitualmente de aislamiento térmico en sus muros de carga, lo que penaliza la nota final. Sin embargo, mediante mejoras como la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico o la instalación de calderas de biomasa o aerotermia, es posible subir hasta dos letras en la escala de eficiencia, mejorando el confort térmico y reduciendo las facturas mensuales.
El marco legal que regula el certificado energético en Villalcón es el Real Decreto 390/2021, que endureció las exigencias para edificios existentes. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Este organismo es el encargado de supervisar las certificaciones y emitir la etiqueta oficial que debe figurar en cualquier portal inmobiliario. Es importante recordar que el certificado tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Una vez registrado, el propietario recibe un número de registro único que garantiza la legalidad del trámite ante notarios y registradores de la propiedad.
La Ley 8/2013 establece sanciones severas por el incumplimiento en materia de certificación energética. En Villalcón, las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler de un inmueble sin mencionar su calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado válido al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear el resultado de la certificación o actuar como técnico certificador sin serlo.
Además de la multa económica, la ausencia del certificado puede conllevar la nulidad del contrato de arrendamiento y la paralización de la firma en notaría, generando retrasos costosos en las operaciones de compraventa.