De acuerdo con la normativa vigente, solo los técnicos competentes pueden suscribir el CEE Villagarcía del Llano. Estos profesionales deben poseer una titulación habilitante como Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería o Ingeniería Técnica, y estar debidamente colegiados. La labor del técnico no es meramente documental; su responsabilidad incluye la realización obligatoria de una inspección al inmueble para verificar elementos constructivos, sistemas de calefacción, ACS y climatización. Un técnico con experiencia en la zona de Cuenca conocerá las particularidades constructivas de los núcleos rurales, garantizando una calificación precisa que evite problemas legales futuros y aporte valor real al inmueble en el mercado inmobiliario.
El parque de viviendas de Villagarcía del Llano, compuesto por 557 unidades, presenta una antigüedad media que sitúa a gran parte de sus construcciones en la etapa previa al Código Técnico de la Edificación de 2006. Debido a esto, la calificación energética más frecuente en la localidad oscila entre las letras E y G. Las viviendas unifamiliares de muros de carga sin cámara de aire y ventanas de vidrio sencillo son habituales, lo que genera una alta demanda de calefacción en la zona climática D3. Para mejorar esta nota y alcanzar una D o C, las intervenciones más recomendadas incluyen el insuflado de aislamiento en cámaras, la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, el cual amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos. En el ámbito autonómico, la gestión recae sobre la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Es imperativo que el certificado sea registrado oficialmente para que tenga validez legal; un documento sin su correspondiente código de registro y etiqueta no es válido para firmar una escritura pública ante notario ni para formalizar un contrato de alquiler. Los certificados tienen una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años para incentivar la mejora de los edificios menos eficientes de la región.
Incumplir la normativa de eficiencia energética puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler de una vivienda en Villagarcía del Llano sin mencionar su calificación energética, pueden conllevar multas de 300 a 600 euros. Las infracciones graves, como no entregar el certificado al comprador o arrendatario, ascienden hasta los 1.000 euros, mientras que falsear el resultado del certificado se considera una infracción muy grave con multas de hasta 6.000 euros. Además de la sanción económica, la ausencia de este documento puede paralizar la firma de una hipoteca o permitir que el inquilino rescinda el contrato de alquiler alegando falta de información esencial sobre el inmueble.